Alrededor de 19.000 alumnos de 300 centros escolares catalanes –casi un 30% de las escuelas en territorio catalán- tendrán ocasión de asistir a los talleres formativos impartidos de forma voluntaria por profesionales del sector financiero en el marco del denominado programa de Educación Financiera en las Escuelas Catalanas (EFEC), que este curso alcanza su tercera edición.
Esta iniciativa, fruto del acuerdo entre la Generalitat y diferentes entidades financieras, es una de las propuestas surgidas en plena vorágine de descrédito de las instituciones bancarias como consecuencia de la dramática sucesión de escándalos relacionados con la comercialización irregular –por no decir abiertamente ilegal- de productos financieros de alto riesgo entre clientes minoristas y de perfil conservador. Preferentes, deuda subordinada, hipotecas multidivisa, bonos estructurados…una larga y vergonzante lista de nombres que han devenido tristemente familiares y que únicamente la acción de jueces y tribunales ha evitado, al menos parcialmente, que se convirtieran en el sumidero por el que cientos de miles de ciudadanos hubieran perdido irremisiblemente sus ahorros.
Como en otros casos, la puesta en marcha de este programa de “alfabetización económica” se justificaba desde la Administración y las entidades participantes por la necesidad de dotar a los futuros usuarios de las instituciones bancarias de una mayor cultura financiera y conocimientos sobre el funcionamiento de los productos que se encontrarán cuando, alcanzada la edad adulta, franqueen las puertas de su oficina bancaria. Un ejercicio, en definitiva, de hipocresía institucionalizada.
El sustrato en el que se asienta la creación de este programa y otros similares que funcionan en diferentes comunidades autónomas sigue siendo el de trasladar la culpa a los propios usuarios afectados, de quienes se nos quiere convencer de que no son víctimas tanto de la falta de transparencia y nula consideración de los bancos en los que depositaban por igual confianza y dinero como, por el contrario, de su falta de formación y conocimientos.
Y no hablemos utilizando el pasado. El escándalo sigue desarrollándose frente a nuestros ojos, si bien de forma más velada. La misma banca que se apropió del dinero de muchísimos de sus clientes ignorando la estricta normativa europea y estatal de protección al usuario de banca, sigue desarrollando políticas de captación del ahorro que escapan al deber de obligada diligencia. A diario nos visitan personas que han visto como, por ejemplo, sus imposiciones a tipo fijo y de capital garantizado (los clásicos depósitos) se han transformado sin consentimiento consciente en productos de mayor riesgo vinculado, menor retribución y, lo más inquietante, sin garantía del capital. Todo ello con idénticos déficits en la información proporcionada a los que nos hemos encontrado en relación a la comercialización de productos complejos como los anteriormente mencionados. Y no es el único ejemplo. Cláusulas abusivas disimuladamente introducidas en ininteligibles contratos, ofertas vinculantes peligrosamente parecidas a folletos publicitarios, comisiones desproporcionadas y un largo etcétera que demuestra que no son únicamente los alumnos de ESO catalanes los que tienen necesidad de aprender una lección. La lección urgente es la que requieren las entidades, ellos sí, con capacidad para saber qué es lo que están ofreciendo y la obligación de trasladarlo a sus clientes de forma que entendamos los riesgos aparejados a las decisiones que adoptamos respecto a nuestros ahorros e inversiones.
Y no menos necesaria, la lección que debieran tomar los reguladores financieros encargados de velar por el cumplimiento de una extensa normativa que no tiene otro objetivo que proteger a quienes no tienen la obligación de ser expertos financieros frente a los desmanes y la desvergüenza de quienes sí lo son. Sobre los unos -organismos reguladores- y los otros -entidades financieras- debiera recaer una culpabilidad que se nos quiere traspasar de modo intolerable por incautos.
Bien está que las entidades quieran educar a nuestros hijos, pero que no lo hagan antes de adquirir ellas mismas consistentes raciones de educación financiera. Se nos ocurre que podrían empezar, por ejemplo, leyendo y asimilando la legislación vigente en materia de protección al consumidor bancario.
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Una nota mas sobre el tema de quién debe educar financieramente a los jóvenes.