Desde el Col·lectiu Ronda pedimos que la Administración de Justicia en Cataluña siga el ejemplo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha anunciado la elaboración de un plan especial para hacer frente a la avalancha de demandas que presentarán las personas afectadas por las quitas y las condiciones impuestas a los canjes de preferentes y deuda subordinada.
En el transcurso de los próximos meses, los juzgados de Cataluña pueden vivir una situación de verdadero colapso a medida que vayan llegando los miles de demandas presentadas por aquellas personas que a estas alturas ya saben que los tribunales son su última esperanza de recuperar el dinero “invertido” en participaciones preferentes y deuda subordinada. Situación que, si no se adoptan medidas extraordinarias, pondrá en cuestión el derecho de las personas afectadas a acceder de forma eficaz a la tutela judicial efectiva y a obtener sentencias en un plazo razonable.
Este aluvión de demandas judiciales es la consecuencia inevitable de las quitas absolutamente abusivas impuestas por el FROB sobre el valor nominal de las participaciones preferentes y la deuda subordinada de las entidades financieras nacionalizadas. Unos productos que, debemos recordarlo, acumulan dudas más que razonables sobre la transparencia de los procesos seguidos por bancos y cajas a la hora de ofrecerlos a sus clientes.
El castigo aún no ha terminado
Efectivamente, los ahorradores que adquirieron -en muchas ocasiones, sin ser conscientes de ello-participaciones preferentes y deuda subordinada de Catalunya Banc, NovaGalicia Banco y Banco Gallego todavía tienen un largo y tortuoso camino por delante antes de poder recuperar una parte, por pequeña que sea, de sus ahorros. A las quitas inicialmente impuestas por el FROB -que en el caso de Catalunya Banc alcanzan incluso el 70% del valor nominal- hay que sumar la posibilidad cada vez más sólida de que acabe aplicándese una segunda quita antes de que estos productos se transformen en acciones de la entidad que comprará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a un precio todavía por determinar, aunque ya se sabe que, en ningún caso, ‘excederá su valor de mercado’.
Esta segunda quita, que reducirá aún más y hasta límites absolutamente dramáticos el valor de loa ahorros de los clientes de Catalunya Banc ‘invertidos’ en estos productos, es fruto de la decisión del FGD de solicitar el concurso de un experto independiente encargado de determinar ese ‘valor de mercado’ de las nuevas acciones. Un procedimiento en el que casi nadie duda de que habrá una segunda y adicional pérdida de valor de los ahorros antes de que se transformen en líquido de la mano del FGD
El caso de Bankia
Las personas afectadas por Bankia tampoco tienen perspectivas mucho mejores respecto a sus ahorros. La conversión forzosa en acciones de la entidad valoradas a 0,01 € irá acompañada de un mecanismo conocido en lenguaje bursátil como ‘contra-split’. Las acciones se agruparán de forma que cada 100 acciones de 0,01 € se canjearán por una única acción con un precio de 1 €. El objetivo del ‘contra-splits’ es favorecer y posibilitar la negociación de estos títulos o, dicho de otra forma, su inevitable pérdida de valor a medida que se pongan a la venta por parte de los tenedores de preferentes devenidos accionistas de forma obligada.
La demanda judicial
Si a estas alturas el ritmo de presentación de demandas ya es muy alto, tan pronto como se hagan efectivas las quitas ya concretadas y las que muy probablemente están por llegar se incrementará más que notablemente la presentación de reclamaciones judiciales, abocándonos a la situación de desbordamiento que augurábamos al principio de este artículo. Todo ello, agravado por la falta de recursos materiales y humanos que actualmente -y, desgraciadamente, de forma endémica- afecta a la Administración de Justicia, atentando contra el Derecho de la ciudadanía a recibir una respuesta judicial eficaz y sometida a plazos de resolución razonables.
Las personas afectadas por las preferentes y la deuda subordinada ya han sufrido bastante castigo. Es necesario velar para que los tribunales puedan hacer su trabajo y resolver aquellos casos en que las entidades financieras son las únicas responsables del mal sufrido.
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