Esta mañana conocíamos la noticia, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se reunirá el próximo 5 de noviembre para decidir finalmente a quien corresponde la obligación de abonar el importe relativo al impuesto sobre actos jurídicos documentados tras conocer el pasado jueves el cambio doctrinal que establecía que el pago del impuesto, en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria, corresponde abonarlo al banco y no al cliente, como hasta ahora sucedía.
Tan pronto se conozca cuál es el criterio que el Supremo quiere fijar sobre la materia, trasladaremos la información sobre cómo proceder; especialmente a nuestros clientes, a los cuales ya tramitamos reclamaciones relacionadas con la devolución de los gastos de constitución de la hipoteca.
A pesar de estar sumidos en esta espera, consideramos absolutamente necesario reiterar que la sentencia del pasado jueves es completamente firme y no admite recurso posible. El sentido de esta resolución judicial no puede ser modificado.
En cualquier caso, queremos expresar nuestro absoluto desacuerdo con la decisión de instar la convocatoria de un Pleno fundamentada en la supuesta necesidad de revisar un criterio jurisprudencial como consecuencia del impacto que puede tener sobre las cuentas de las entidades financieras, los intereses de los accionistas o la Hacienda pública. La espera a la que estamos obligados supone un descrédito hacia la Administración de Justicia y pone en entredicho la necesaria independencia del Poder Judicial, supeditando su criterio a la conveniencia de determinados sectores en detrimento del conjunto de la ciudadanía.
Próximamente, y tan pronto como sea posible, os trasladaremos toda la información sobre cómo actuar para recuperar las cantidades indebidamente abonadas en concepto de gastos de constitución de la hipoteca.
mala práctica bancaria 