El estado de alarma sanitaria prolonga el plazo para reclamar por los productos financieros comercializados por la antigua Bankpyme

Reiteradamente se ha señalado, y con acierto, la fecha del próximo 7 de octubre de 2020 como límite para reclamar por las pérdidas económicas ocasionadas por los productos financieros comercializados por la antigua Bankpyme, especialmente los infaustos bonos de la constructora Fergo Aisa y las preferentes de los bancos islandeses Kauphing y Landbanski. La excepción a esta norma la constituyen los afectados y afectadas de Cataluña, donde la aplicación del Código Civil catalán impone plazos de caducidad más dilatados para las acciones personales como las mencionadas. De este modo, si en el conjunto del Estado el 7 de octubre señalaba la caducidad de las acciones cuya prescripción no hubiera sido interrumpida (mediante reclamación extrajudicial, por ejemplo), en Cataluña este plazo se prolongaba hasta agosto de 2021 en el caso de los bonos de Fergo Aisa (a los 10 años del vencimiento del producto) o, si hablamos de participaciones preferentes, a los 10 años del pago del último cupón.

Sin embargo, tal y como veremos más adelante, la declaración del estado oficial de alarma como consecuencia de la propagación de la Covid-19 supone, entre otras muchas cosas, una prolongación del periodo de prescripción para este tipo de reclamaciones judiciales. Entre los días 14 de marzo y 4 de junio, los plazos procesales han estado suspendidos y, por tanto, este lapso de tiempo no debe computarse a efectos de prescripción y debe ser sumado al periodo inicialmente previsto, que ya no finaliza el 7 de octubre sino el próximo 27 de diciembre de 2020.

 

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

 

La mencionada fecha del 7 octubre de 2020 tiene origen en la modificación realizada en el año 2015 del Código Civil español para reducir de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales. Una modificación que entró en vigor con su publicación en el BOE el pasado 6 de octubre de ese mismo año y que afecta directamente, como hemos mencionado, a las reclamaciones relacionadas con la antigua Bankpyme y los productos de altísimo riesgo comercializados por la entidad, actualmente absorbida por Caixabank, que es quien ostenta a día de hoy la responsabilidad de responder por los perjuicios ocasionados por las posibles irregularidades de Bankpyme.


El Tribunal Supremo responsabiliza a Caixabank

Precisamente, la cuestión de la responsabilidad de Caixabank respecto a las acciones realizadas por Bankpyme con anterioridad a su absorción por parte de la entidad catalana ha sido objeto de una larga controversia que, finalmente, el Tribunal Supremo resolvió en defensa de los intereses de los perjudicados señalando que Caixabank debía responder ante las demandas y reclamaciones que se plantearan frente a Bankpyme. Así lo estableció el TS mediante una sentencia dictada en 2017 donde indicaba con toda claridad que «Caixabank debe responder ante los demandantes de igual forma y con idéntico alcance al que lo haría Bankpyme». Sentencia de enorme trascendencia que fijaba un criterio sólido respecto a una controversia judicial que nuestro despacho inició en 2013 cuando obtuvimos la primera sentencia dictada en España que acreditaba la falta de transparencia y vulneración del principio de debida diligencia por parte de Bankpime a la hora de ofrecer los bonos de la constructora Fergo Aisa incumpliendo las obligaciones de proporcionar a los clientes información detallada y precisa sobre los riesgos de incurrir en situación de pérdidas del capital. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, la sentencia del TS abrió la puerta a otras muchas resoluciones judiciales posteriores que han obligado Caixabank a responder por las reclamaciones por daños y perjuicios y las acciones de nulidad interpuestas por miles de clientes afectados por la masiva comercialización de productos financieros complejos y de alto riesgo que Bankpime realizó entre sus clientes.

 

Muchos clientes todavía no han reclamado

 

Sin embargo, a pesar de estos precedentes que avalan no tan solo la responsabilidad de Caixabank a la hora de responder por las condenas contra Bankpyme sino también las malas prácticas de la extinta entidad, todavía son muchas las personas que padecieron cuantiosas pérdidas económicas por los bonos de Fergo Aisa y las preferentes de la banca islandesa que no han interpuesto reclamaciones judiciales para obtener las compensaciones que les corresponderían. En muchísimos casos, por el efecto disuasorio que en su momento tuvo la negativa de Caixabank a asumir sus responsabilidades legales. Maniobra dilatoria que, como hemos visto, ya no tiene cabida ni razón de ser.

A día de hoy, y siempre con las debidas cautelas pues cada caso ha de ser analizado de forma individual y en detalle, no supone pecar de optimismo decir que la práctica totalidad de incógnitas judiciales en torno a la problemática de Bankypme han quedado resueltas y clarificadas. Se ha demostrado que Bankpyme no cumplió con el deber de diligencia y transparencia a la hora de informar a sus clientes de los verdaderos riesgos que asumían y ya nadie discute la responsabilidad de Caixabank a la hora de hacer frente a las obligaciones resarcitorias que esta falta de diligencia genera respecto a los perjudicados. En estos momentos, quizás el mayor obstáculo a la hora de obtener justa compensación sea, precisamente, el plazo de caducidad para quien todavía no haya interrumpido la prescripción. Y sobre esa cuestión, el coronavirus que tanto nos ha arrebatado en estos meses y que todavía determina nuestras vidas en muchos aspectos, nos ofrece la posibilidad de beneficiarnos de la prolongación de los plazos de caducidad y recuperar aquello que Bankpyme contribuyó a que perdiéramos con el incumplimiento de sus obligaciones legales.

Como de costumbre os enlazamos algunas de nuestras sentencias más recientes en relación a la comercialización de productos de riesgo por parte de Bankpyme:

· Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona Sección 14 de fecha 6 de marzo de 2020. 

·Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Valencia de fecha 31 de enero de 2020.

· Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14ª, de fecha 17 de diciembre de 2019

· Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de 3 de junio de 2020.

 

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